Breve historia del Movimiento de Objeción de Conciencia (KEM-MOC)

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Los primeros pasos del Movimiento de Objeción de Conciencia están muy vinculados, como su nombre indica, a la objeción de conciencia. A finales de la década de los 60, cuando el servicio militar era obligatorio, se organizan los primeros campamentos noviolentos para reivindicar el derecho a la objeción de conciencia.

 

 

En enero de 1971, el primer objetor por motivos políticos del Estado, Pepe Beunza, es detenido y encarcelado. Una fuerte campaña de solidaridad se desata en Europa. Desde ese momento, se llevan a cabo distintas iniciativas para que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia y un servicio civil alternativo a la mili. En 1975 se ponen en marcha proyectos de servicio civil por parte de objetores que no se habían incorporado al servicio militar. Algunos son detenidos. Así comienzan las primeras reuniones de personas que hacían ese servicio civil y en enero del 77 se constituye formalmente el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC).

 

 

Desde ese año el Gobierno decide aplazar la incorporación a filas de toda persona que alegase objeción de conciencia. Van surgiendo grupos de objetores que se autodenominan insumisos y que se coordinan bajo las siglas del MOC. Dos años después, en el 79, se celebra el Primer Congreso, del que surge la 1ª Declaración Ideológica que va a ser el embrión de lo que hoy conocemos como movimiento antimilitarista. Ese mismo año, el MOC se adscribe a la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG).

 

 

El 28 de diciembre de 1984 se aprueba la Ley de Objeción de Conciencia (LOC). En el MOC se decide no acatar la Ley y no hacer la Prestación Social Sustitutoria (PSS) que la misma regula. El 20 de febrero de 1989 se presentan los primeros insumisos: 57 en todo el Estado. Once son detenidos. Se obtiene un fuerte apoyo social. En abril se presentan otros 60 y en junio 75 más. En 1990 hay ya 2.450 insumisos. Comienzan los juicios, tanto a los que se han negado a cumplir la mili como la PSS. Las condenas oscilan entre 17 y 28 meses. La represión hace que aumente el número de insumisos. El apoyo social al movimiento y el desprestigio del ejército crecen. También aumenta el número de objetores de conciencia legales, es decir, los que se acogen a la LOC.

 

 

altEn diciembre de 1991 se reforma el servicio militar de forma que los casos de insumisión a la mili, que hasta este momento habían sido juzgados en la jurisdicción militar, pasan a la civil. De esta manera, el Gobierno trata de reducir el desprestigio de la institución militar. Aumentan los juicios y se reducen las penas. La condena media es de 14 meses y los que son condenados a menos de un año no entran a prisión. Se pone en marcha la compaña «O todos o ninguno» a través de la cual los insumisos con penas menores de un año se niegan a firmar la remisión condicional y entran a la cárcel. Continúa aumentando el número de encarcelaciones y con él, la presión social.

 

En septiembre de 1993, y ante el éxito de la campaña de insumisión y su repercusión social, cambian el reglamento penitenciario para poder conceder directamente el tercer grado (ir «sólo» a dormir a prisión) a los insumisos. Se responde con la estrategia de «El plante», que consiste en romper el tercer grado para ser ingresado en segundo grado (cumplimiento en prisión día y noche). El número de insumisos presos tanto en segundo como en tercer grado sigue aumentando y se obtienen apoyo y autoinculpaciones de muy diversos ámbitos sociales.

 

 

En 1996, ante una situación que desbordaba al Gobierno, entra en vigor el nuevo código penal con el que los delitos por insumisión se castigan con penas de inhabilitación absoluta de entre 8 y 14 años, y multas. Al año siguiente, como respuesta al cambio penal, se pone en marcha la campaña de «Insumisión en los cuarteles» que básicamente consiste en acudir al cuartel para hacer la mili y, una vez adquirida la condición de militar, abandonar el cuartel y realizar una presentación colectiva explicando los motivos de la desobediencia. A efectos legales es un delito de deserción; y, por tanto, es juzgado por tribunales militares en consejo de guerra y las penas por el mismo van desde 2 años y 4 meses a 6 años de prisión. Es una forma de llevar de nuevo la confrontación al seno militar y de visibilizar el carácter antimilitarista de la insumisión.

 

 

Paulatinamente comienza el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, pero el número de objetores de conciencia legalmente reconocidos no para de aumentar. En 1997 asciende a 130.000. Al año siguiente se anuncia el final definitivo de la mili. En noviembre de 2001 tendrá lugar la última incorporación al servicio militar obligatorio. A los insumisos en los cuarteles les condenan por lo general a penas de 2 años y cuatro meses, y la cumplen en la única cárcel militar del Estado: la de Alcalá de Henares. Allí se alquila un piso −el insupiso− para la residencia de presos en tercer grado y facilitar las visitas a los presos.

 

 

Nuestra historia 3Sigue aumentando el número de objetores legales. Nadie quiere hacer la mili. Se convalida la PSS por servicios de voluntariado prestados con anterioridad y se indulta a insumisos presos (no a los insumisos en los cuarteles). El recién inaugurado ejército profesional no encuentra efectivos y se lanzan carísimas campañas publicitarias con poco éxito a la vez que se reducen los requisitos de los aspirantes a soldado profesional, incluyendo a mujeres y a personas extranjeras.

 

 

En noviembre de 2001 tiene lugar la última incorporación al servicio militar obligatorio, se comienza a hablar de un indulto para los insumisos presos en Alcalá de Henares, pero el MOC hace declaraciones rechazando el posible indulto. Sin embargo, en mayo del año siguiente, los últimos insumisos son excarcelados. La campaña de insumisión acaba pero el trabajo antimilitarista continúa. De hecho hay varias acciones para anunciar esto. En Bilbao, por ejemplo, se hace una acción noviolenta en la que seis activistas entran al Gobierno Militar, uno de ellos, coincidiendo con el estreno de la película Spiderman, escala a una de las garitas disfrazado del superhéroe en cuestión, pero con un casco y una flor cosido al pecho, y extiende una bandera con el fusil roto.

 

 

En relativamente pocos años la insumisión ha tenido un éxito tal que la convierte en un referente mundial en lo que a campañas noviolentas de desobediencia civil se refiere. En el Estado español se ha pasado de una situación en la que todos los jóvenes hacían la mili a otra en la que lo normal es no hacerlo. El cambio social es posible a través de la desobediencia civil.

 

 

altDurante estos años la insumisión ha sido la campaña más importante impulsada por el MOC, pero también se han trabajado otros ámbitos como la educación para la paz y para la desobediencia, la objeción fiscal, campañas contra el gasto militar y por la desmilitarización social… Así mismo, ha habido un trabajo en el ámbito internacional con implicación en conflictos concretos como el de los Balcanes o el de Colombia, y una importante coordinación en la IRG.

 

 

A partir del 2003 el trabajo antimilitarista continúa con diversos frentes abiertos. Los que más trascendencia tienen son las acciones contra recintos militares y fábricas de armas, que tienen lugar por todo el Estado bajo el paraguas de la campaña «Desobedece a las guerras». También las campañas contra el gasto militar y a favor del gasto social. Y las campañas en contra de las guerras y las intervenciones militares, en muchos casos tildadas de «humanitarias» o de «misiones de paz» pero que, aunque tratan de lavar la cara de los ejércitos, siempre esconden intereses económicos o geoestratégicos. A lo largo de estos años se han creado diversas plataformas compuestas por numerosos colectivos sociales para dar respuesta a distintos conflictos bélicos: Irak, Palestina, Afganistán, Libia…

 

 

El trabajo antimilitarista continúa y continuará hasta conseguir construir un mundo justo y en paz donde no tengancabida los ejércitosni los gastos militares. Se acercan tiempos difíciles por las consecuencias del cambio climático y la crisis energética, en los que el papel de los ejércitos se prevé preponderante para defender los intereses de los enriquecidos. Hoy a nadie le sorprende oír hablar de «guerras por petróleo». Por eso hoy, más que nunca, es imprescindible seguir luchando por la abolición de los ejércitos y por convertir los gastos militares en gastos sociales bajo el lema «si quieres la paz, prepara la paz».